México debe invertir en el cumplimiento de la legislación para garantizar la contratación equitativa de sus trabajadores y trabajadoras en el extranjero
Un informe sobre las prácticas de contratación en el corredor México-Canadá insta a las autoridades mexicanas a procurar que las agencias de contratación privadas cumplan con la legislación vigente, y a negociar para que los empleadores paguen todas las comisiones de contratación vinculadas al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá.
México necesita un sistema de inspección laboral efectiva y con suficientes recursos para garantizar el cumplimiento de su legislación en materia de contratación, y debe armonizar los requisitos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre México y Canadá con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de comisiones de contratación, ha afirmado hoy FairSquare en un informe de 150 páginas sobre la contratación de trabajadores y trabajadoras migrantes en México para trabajar en Canadá.
FairSquare Projects es una organización no gubernamental de derechos humanos basada en el Reino Unido especializada en cuestiones de derechos de las personas trabajadoras migrantes. El informe De México a Canadá: Revisión de la contratación equitativa, que analiza cómo se contrata a trabajadores y trabajadoras en México para trabajar en Canadá, forma parte del Proyecto Cinco Corredores, que tiene la intención de servir de orientación sobre qué pueden hacer los gobiernos para garantizar la contratación equitativa y ética.
FairSquare también ha recomendado que México haga cambios a su legislación laboral y a su Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores (RACT) para que las autoridades puedan hacer frente al fraude en la contratación laboral, incluso en el caso de reclutadores no autorizados, y para otorgar plenos poderes a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para asistir a los trabajadores migrantes que hayan sido víctimas de fraude. Con referencia específica al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre México y Canadá, la organización pide que el gobierno de México exija responsabilidades a los funcionarios acusados de pedir o aceptar pagos ilegales para poder acceder a los programas de migración
del gobierno. El informe elogia el sólido y firme compromiso legal de México para garantizar que son los empleadores, y no los trabajadores y trabajadoras, quienes deben pagar los gastos que se derivan de la contratación internacional.
En 2020, las personas mexicanas en el exterior enviaron un récord de 40.000 millones de dólares estadounidenses en remesas y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los migrantes como “héroes”.
“México es uno de los pocos países en el mundo que entiende realmente la importancia y las consecuencias de la contratación equitativa para sus trabajadores y trabajadoras y esto se puede ver en su legislación, que es muy clara en materia de comisiones de contratación”, ha afirmado James Lynch, director y cofundador de FairSquare. “Pero la legislación es solo la mitad de la batalla y para permitir que los migrantes apoyen mejor a sus familias y contribuyan plenamente a la economía mexicana, y para prevenir que reclutadores fraudulentos les roben sus salarios y sus remesas es necesario hacer hincapié en la aplicación de estas leyes, así como adoptar la definición internacional de comisiones de contratación.”
Falta de supervisión a los reclutadores
Las prácticas abusivas y fraudulentas de parte de los reclutadores en México son muy frecuentes y, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe cobrar a los trabajadores y trabajadoras para conseguir un empleo, esta es una práctica habitual y es sumamente raro que se exija el cumplimiento de esta prohibición legal. Según una encuesta del Centro de los Derechos del Migrante, hasta el 58% de los trabajadores y trabajadoras que emigran a los Estados Unidos pagan comisiones ilegales y las tarifas de reclutamiento son aproximadamente de 12,000 pesos (US$590) en promedio. Es muy común que los reclutadores informales y sin licencia cobren comisiones a los trabajadores y trabajadoras, pero esta práctica también ocurre entre los pocos operadores autorizados que hay. Es habitual que los trabajadores y trabajadoras descubran que los términos y las condiciones que se les prometieron en México no se cumplen al llegar a su destino. Según los expertos, en ocasiones los trabajadores y trabajadoras pagan comisiones en México, se compran sus boletos de avión y llegan hasta aeropuertos canadienses antes de descubrir que nadie los espera a su llegada a Canadá. La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social mexicana, tiene competencias para realizar inspecciones a las agencias de contratación autorizadas pero, como un funcionario explicó a FairSquare, las inspecciones se enfocan sobre todo en las condiciones laborales en México, más que en las agencias de contratación que colocan a trabajadores y trabajadoras mexicanos en el extranjero.
Según organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social rara vez inspecciona a las agencias de contratación, ni siquiera tras recibir una denuncia. En cualquier caso, la gran mayoría de reclutadores mexicanos no están autorizados y operan al margen del marco legal, únicamente nueve agencias en México tienen licencia para reclutar trabajadores y trabajadoras para empleos en el extranjero. Además de mejorar los esfuerzos para aplicar las leyes, FairSquare pidió que México aumente la información disponible para los trabajadores migrantes sobre sus derechos al reclutamiento sin tarifas y las opciones para presentar quejas contra los reclutadores.
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y comisiones de contratación
A diferencia de otros modelos de emigración, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) está estrictamente controlado por las autoridades mexicanas y garantiza a los trabajadores y trabajadoras un viaje migratorio “seguro” a Canadá. Como el PTAT elimina al sector privado mexicano de la ecuación, el cobro de comisiones ilegales a los trabajadores y trabajadoras se limita a casos de corrupción por parte de funcionarios (que, a pesar de no ser infrecuentes, no son endémicos).
Los trabajadores y trabajadoras reciben y firman sus contratos en español y se les ofrece una sesión informativa previa a su salida. Una mujer de 39 años del estado de Oaxaca que estaba a punto de iniciar su séptima temporada de trabajo en Columbia Británica contratada en el marco del PTAT nos dijo: “He oído casos de personas que tienen que pagar y conozco gente que recluta trabajadores a cambio de grandes cantidades de dinero, pero yo nunca he pagado nada”.
Sin embargo, a pesar de que los trabajadores y trabajadoras contratados en el marco del PTAT no pagan comisiones de colocación, se les exige pagar cada año gastos relacionados con su contratación, como gastos relacionados al permiso de trabajo, al transporte interno en México y parte del boleto de avión a Canadá. Estos gastos parecen ser contradictorios a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (agencia del trabajo de la ONU) en materia de comisiones de contratación y gastos relacionados, de acuerdo a las cuales estos gastos deberían asumirlos los empleadores. Como los trabajadores y trabajadoras deben pasar cada año por este proceso, pueden llegar a aportar muchos miles de dólares al programa durante el periodo que dura su participación en el mismo. FairSquare pide a las autoridades mexicanas que trabajen con los gobiernos federales y provinciales canadienses para insistir en la necesidad de armonizar el programa con las normas internacionales y que paren el pago de estos costos por parte de los trabajadores agrícolas mexicanos.
FairSquare también pidió a los gobiernos de México y Canadá que permitan que los trabajadores y sus representantes participen en las reuniones bilaterales anuales sobre el programa, algo que actualmente no pueden hacer, y que mejoren la información previa a la salida, particularmente en relación con las protecciones laborales canadienses, que varían sustancialmente según la provincia, así como sobre los mecanismos de denuncia federales y provinciales.
Apoyo consular
También se han planteado serias preocupaciones sobre el período de empleo de trabajadores migrantes bajo el PTAT en Canadá, donde los funcionarios consulares mexicanos en Canadá tienen una función especial en la ejecución y el seguimiento del programa. Los consulados cuentan con más recursos y competencias para apoyar a los trabajadores y trabajadoras que participan en el PTAT que para apoyar a otros trabajadores y trabajadoras en Canadá, pero el gran número de personas trabajadoras y las ubicaciones remotas de las granjas en Canadá ejercen una presión considerable sobre sus recursos. Las personas críticas hacia el PTAT también han acusado a los funcionarios consulares de su cercanía con los empleadores. Una trabajadora explicó: “Es como si el Consulado estuviera más de parte de los empleadores que de los trabajadores, y lo único que nos dicen es que nos cuidemos y tengamos un buen comportamiento, y que hemos venido a Canadá a trabajar y no a causar problemas”.
El Tribunal de Relaciones Laborales de Columbia Británica confirmó en 2014 que el Consulado de México en Vancouver había identificado a trabajadores y trabajadoras del PTAT que habían tenido contacto con sindicatos para impedirles volver a Canadá. A pesar de estas serias preocupaciones, los sindicatos y otros expertos manifestaron a FairSquare que el apoyo consular de México era mejor que el de otros países que no participan en el PTAT y elogiaron los esfuerzos de algunos Consulados de México en Canadá.
FairSquare insta a México a asignar más recursos a sus misiones en Canadá, y garantizar que reciban instrucciones claras para priorizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes por encima de otras consideraciones.
Información general
El informe completo, con el resumen de las conclusiones en español, está disponible en fivecorridorsproject.org. El informe se basa en 59 entrevistas en profundidad en México y Canadá, entre otros con trabajadores y trabajadoras migrantes, autoridades del gobierno, agencias de contratación, especialistas en inmigración, empleadores, organizaciones no gubernamentales, académicos, periodistas y profesionales del derecho. Los otros países estudiados en el Proyecto Cinco Corredores son Kuwait, Myanmar, Nepal, Filipinas, Qatar, Taiwán y Tailandia.
Si tienen comentarios pueden contactar a Jorge Aceytuno o a James Lynch.